La Caja Forense de Mendoza es una institución destinada a la previsión social de abogados y procuradores de la provincia, encargada de otorgar jubilaciones y pensiones. Como servicio complementario, durante décadas ha brindado un sistema de asistencia médica —con características similares a una prepaga— basado en un esquema solidario entre sus afiliados.
En la actualidad, este régimen se encuentra en el centro de un conflicto jurídico de relevancia, a partir de cuestionamientos sobre la legalidad de su finalización.
La decisión de finalizar el R.A.M.
En diciembre de 2025, el directorio de la Caja Forense resolvió poner fin al Régimen de Asistencia Médica (R.A.M.), fijando como fecha de finalización el 30 de abril de 2026. Esta decisión impacta directamente sobre más de 300 afiliados, en su mayoría profesionales de edad avanzada que dependen del sistema para su cobertura de salud.
El abogado y diputado provincial José Luis Ramón advirtió que esta medida resulta ilegal, al no respetar lo dispuesto previamente por la asamblea de afiliados.
El antecedente clave: la asamblea de 2010
El eje central del conflicto radica en una resolución adoptada en el año 2010. En ese momento, la Caja Forense convocó a una asamblea extraordinaria en la que, debido a dificultades económicas, se decidió discontinuar el sistema de manera progresiva.
No obstante, dicha decisión incluyó una condición fundamental: el respeto de los derechos adquiridos por los afiliados existentes.
Esto implicaba que el régimen debía mantenerse vigente hasta su extinción natural, es decir, hasta que el último afiliado dejara de pertenecer al sistema, ya sea por renuncia o fallecimiento. En otras palabras, se garantizó la continuidad del servicio para quienes ya formaban parte del mismo.
¿Por qué se cuestiona la legalidad de la medida?
El principal cuestionamiento radica en que la decisión del directorio vulneraría derechos adquiridos, al desconocer el compromiso asumido en 2010. Desde esta perspectiva, una resolución administrativa posterior no podría dejar sin efecto lo decidido por una asamblea extraordinaria, especialmente cuando están en juego derechos vinculados a la salud y la seguridad social.
Asimismo, se advierte que la Caja Forense avanzaría en la baja formal del sistema ante la Secretaría de Servicios de Salud de la Nación, lo que implicaría la eliminación definitiva del régimen.
Consecuencias para los afiliados
De concretarse la medida, los afiliados perderían su cobertura médica de manera abrupta, pese a haber realizado aportes durante años bajo un sistema solidario.
Este tipo de esquemas se basa en la solidaridad intergeneracional: los aportes de los profesionales activos permiten sostener las prestaciones de quienes ya no se encuentran en actividad plena. La interrupción repentina del servicio rompería este equilibrio y colocaría en una situación de especial vulnerabilidad a los beneficiarios actuales.
Acciones judiciales en curso
Frente a este escenario, ya se han iniciado acciones judiciales. El primer reclamo fue presentado en representación de una persona jubilada, de edad avanzada y en situación de vulnerabilidad de salud, solicitando el cumplimiento de la normativa vigente y del compromiso asumido en 2010.
En ese sentido, se sostiene que:
“Hasta que el último/a de los afiliados/as o hasta su desafiliación, deberán ser tratados en igualdad de condiciones”.
Recomendaciones a los afiliados
Ante la inminencia de la fecha establecida para el cese del servicio, se recomienda a los afiliados:
- No considerar como válida, desde el punto de vista legal, la fecha del 30 de abril de 2026.
- Evaluar el inicio de acciones judiciales, ya sea de manera individual o colectiva.
- Reclamar la continuidad del servicio en virtud de los derechos adquiridos.
Asimismo, desde Ramón, Gutierrez & Asociados nos ponemos a disposición para analizar los casos y brindar asesoramiento a los afiliados que deseen iniciar acciones legales para la protección de sus derechos.
Un conflicto con posible impacto institucional
El caso ya se encuentra en la órbita de la Justicia provincial y podría sentar un precedente relevante en materia de seguridad social y funcionamiento de las cajas profesionales.
La resolución que se adopte no solo definirá la situación de los más de 300 afiliados afectados, sino también el alcance de las garantías frente a decisiones administrativas que podrían afectar derechos fundamentales.