LEY 27.453 DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DE BARRIOS POPULARES | DESARROLLO DEL CASO: DESALOJO

1. Contexto del Desalojo

El Barrio Aeroclub, ubicado en el departamento de Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, ha sido objeto de un proceso judicial de desalojo que afecta a numerosas familias que allí residen. Este barrio ha sido reconocido como un barrio popular y está incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), conforme a lo estipulado en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 358/2017. La inclusión en este registro otorga a las familias ciertas protecciones legales bajo la Ley 27.453, la cual busca regularizar la situación de los barrios populares y su integración socio-urbana.

2. Defensores de las Familias

Ante la amenaza de desalojo, el año pasado (2022), las familias del Barrio Aeroclub buscaron defensa legal para frenar el proceso. A través de la intervención de un equipo legal encabezado por el abogado José Luis Ramón, se logró argumentar que el desalojo era incompatible con la normativa vigente que protege a los barrios populares. Esta defensa fue exitosa, resultando en la suspensión del desalojo y la posibilidad de que las familias permanecieran en sus hogares mientras se gestionaba su situación legal.

3. Marco Legal de Protección

La Ley 27.453, junto con su modificación por la Ley 27.694, establece claramente que las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de bienes inmuebles incluidos en el RENABAP deben ser suspendidas por un plazo de diez años a partir de la vigencia de la ley, que comenzó el 29 de octubre de 2022. El artículo 15 de la ley enfatiza que esta suspensión es de orden público, lo que significa que no puede ser contravendida ni limitada por acuerdos entre partes o decisiones administrativas. Este aspecto de la ley es crucial, ya que proporciona una base legal sólida para oponerse a cualquier intento de desalojo.

4. Resolución del 21 de Octubre de 2023

El 21 de octubre de 2023, se emitió una resolución por parte del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería de Mendoza. En esta resolución, se abordó la solicitud de las familias del Barrio Aeroclub para suspender el procedimiento de desalojo. El tribunal, reconociendo la condición de barrio popular y la normativa de orden público aplicable, decidió lo siguiente:

  • Suspensión del Desalojo: Se resolvió suspender el lanzamiento ordenado anteriormente, de acuerdo con las leyes que protegen los derechos de las familias en el barrio. Esto permite a los residentes continuar viviendo en sus hogares sin la amenaza inminente de desalojo.
  • Intervención del Ministerio Público Fiscal: El tribunal también determinó que, debido a la naturaleza del planteo y la invocación de leyes de orden público, se debía dar intervención al Ministerio Público Fiscal. Este organismo evaluará la aplicabilidad de la normativa y determinará la competencia del tribunal, considerando si el caso debería ser gestionado en el fuero federal.
  • Plazo de Suspensión: Se constató que la suspensión de desalojo es efectiva por un periodo de diez años, protegiendo así a las familias que residen en el Barrio Aeroclub mientras se realiza el proceso de regularización y se define su estatus de propiedad.
5. Observaciones y Argumentos Adicionales

El Ministerio Público Fiscal ha emitido un dictamen en el que se argumenta que las disposiciones de la ley 27.453 y su modificación constituyen un régimen de orden público que debe ser respetado. En respuesta a este dictamen, las familias representadas por el abogado José Luis Ramón presentaron observaciones, argumentando que las leyes no solo son de interés público, sino que su aplicación es obligatoria y no susceptible de negociación. Esto subraya la importancia de la protección de los derechos de los residentes del barrio frente a cualquier intento de desalojo.

6. Perspectivas Futuras

Con la resolución del 21 de octubre y la intervención del Ministerio Público Fiscal, el futuro del Barrio Aeroclub dependerá de cómo se implemente la normativa de regularización y qué decisiones se tomen en relación a la competencia del tribunal. Las familias, al estar bajo la protección de las leyes de orden público, cuentan con una base sólida para defender su derecho a permanecer en el barrio y continuar el proceso de integración socio-urbana.