En estos días, he sentido la necesidad de expresar mi profunda preocupación por la situación actual de los servicios públicos en Mendoza, en especial por el impacto que los aumentos desmedidos de las tarifas están teniendo en la vida diaria de nuestros ciudadanos. No puedo permanecer en silencio cuando veo cómo se toman decisiones que, lejos de beneficiar a la gente, parecen estar diseñadas para favorecer a unos pocos con intereses económicos bien definidos.
El reciente anuncio del Gobierno de Mendoza sobre el aumento de las tarifas eléctricas, que subirán en promedio un 7% a partir de este mes, es una medida que golpea directamente a los hogares mendocinos. Estas resoluciones, formalizadas y publicadas en el Boletín Oficial, no son más que una continuación de una política que ha permitido a ciertos grupos empresariales, con fuertes vínculos locales, beneficiarse a expensas de los consumidores.
Cuando hablamos de consumidores, no estamos hablando solo de cifras o estadísticas. Estamos hablando de nuestras casas, nuestros barrios, de la vida cotidiana de la gente común. Es un tema sensible que afecta a todos, especialmente en un contexto donde la economía de muchas familias ya está al límite. Sin embargo, parece que en lugar de enfocarnos en estos problemas reales, se nos desvía la atención con debates y temas que, aunque importantes, no resuelven lo que realmente importa: que en cada hogar mendocino está llegando una boleta de luz con un aumento que muchos no pueden afrontar.
Este incremento no es un hecho aislado ni casual. Los dueños de las empresas eléctricas en Mendoza, nombres conocidos como José Luis Manzano y Daniel Vila, han logrado, con el apoyo de los últimos gobiernos provinciales, incrementar el valor de la tarifa eléctrica de manera exorbitante. Además, controlan la empresa que transporta la energía desde el sistema interconectado hasta Mendoza y ahora están consolidando su posición como productores de energía eléctrica, todo bajo el amparo de la administración provincial.
La situación con el gas no es muy diferente. En los años 90, durante el proceso de privatización de los hidrocarburos, un pequeño grupo de empresarios se hizo con el control de las cuencas gasíferas. Desde entonces, estos pocos han manejado a su antojo la producción y los precios, estableciendo tarifas que luego se trasladan a los hogares sin que haya un control efectivo por parte del Estado. Los gobiernos sucesivos han permitido esta situación, permitiendo que estos grupos económicos puedan imponer tarifas injustas tanto para la electricidad como para el gas.
Es evidente que el aumento de las tarifas no es algo que podamos ignorar. Basta comparar la última boleta de servicios con la del año anterior para notar el impacto. Sin embargo, lo más preocupante es la falta de herramientas para enfrentar esta situación. El gobierno de Mendoza, que permite estos incrementos, también ha influido en la conformación de la Suprema Corte provincial. De los siete jueces que la componen, cuatro responden directamente a los intereses del ejecutivo, lo que hace casi imposible que cualquier recurso judicial en contra de estos aumentos prospere. Además, los entes reguladores, como el Epre, están cooptados por dirigentes que actúan en sintonía con el gobierno provincial, asegurando que las decisiones favorezcan siempre a los mismos.
Es hora de que comencemos a hablar de estas realidades con seriedad y determinación, sin dejarnos desviar por temas secundarios. Los ciudadanos de Mendoza merecen un gobierno que priorice sus necesidades por encima de los intereses de unos pocos. No podemos seguir permitiendo que los servicios públicos, esenciales para la vida diaria, sean manejados de esta manera, con un claro desprecio por el bienestar general.
José Luis Ramón