Diagnóstico
Quiero empezar con el diagnóstico, porque si no, nos quedamos con
las chicanas o los planteos repetidos e injustificados que quieren
meter miedo.
Me parece que, si estamos todos de acuerdo en el diagnóstico,
y yo no estoy escuchando otra cosa hoy, no tenemos mas que la
obligación (no la opción) de tomar medidas fuertes y lo antes posible.
Tenemos que terminar con los mismos que buscan meter miedo,
para dejar todo como está. Asi no se resuelve ningún problema. Asi se
esconden las cosas, y siguen ganando los de siempre.
Con la información clara, nos sacamos las caretas. Esto, que en este
tema está clarísimo, me hace acordar mucho a cuándo discutimos
el proyecto para detener los incendios forestales, en donde también
se alegaba que las medidas eran excesivas o innecesarias. Pero el
diagnóstico era evidente y alarmante.
Acá pasa lo mismo.
No estamos hablando de esto porque alguno madrugó y encontró
que era muy lindo poner octógonos en los paquetes.
Diagnóstico de salud
Estamos hablando de esto porque en mi provincia la obesidad infantil
está en el 42%, y en todo el país estamos en 1 tercio de los niños y niñas.
Y no hablamos de sobrepeso solamente: hablamos de que niños
y niñas con obesidad y que tienen una malnutrición en 34% de los
casos, además del sobrepeso.
Es una generación que está teniendo problemas graves de
malnutrición, y encima obesidad. Y mas problemas aun que aquellos
chicos y chicas que tienen desnutrición, 4,3 veces más.
Por si fuera poco, nuestro país es el ejemplo de lo que no tiene
que hacer: estamos primeros en obesidad en sud América. 6 de cada
10 argentinos tienen sobrepeso. Menos del 20% realiza una dieta
variada y sana, con frutas y verduras suficientes.
Argentina no escapa a los problemas mundiales de malnutrición,
y nuestras estadísticas son más que preocupantes, sobre todo en
el porcentaje de enfermedades no transmisibles como obesidad,
desnutrición, hipertensión, que afectan a los argentinos desde las más
tempranas edades. Los argentinos comemos mal y es urgente revertir
este comportamiento, no sólo para proteger la vida y la salud de los
consumidores y consumidoras, sino para proteger el patrimonio del
estado, que es el patrimonio de todos.
Es el sistema de salud argentino el que soporta los efectos del
marketing de los más fuertes, ya que destina buena parte de su
presupuesto a tratar afecciones que no existirían si comiéramos mejor.
Ni el estado, ni los consumidores pueden ni deben seguir financiando
indirectamente el negocio de vendernos basura por comida, porque
al fin de cuentas, los que pierden son los consumidores: o pagan la
fiesta de los proveedores a través de sus impuestos que financian el
sistema de salud pública, o le entregan directamente su dinero a las
pre-pagas para mitigar el mismo problema.
Diagnóstico constitucional
Si miramos este mismo tema, desde una óptica constitucional, el
problema es igual de grave.
El artículo 42 de la constitución exige al estado argentino a proveer
a la protección, tanto de la salud, como a la información de los
consumidores. Sumado a esto, es un principio básico de la protección
de los consumidores, el del consumo sustentable. Esto, sin dudas, no
está pasando.
Hay una ausencia total de información de componentes básicos
que el consumidor debe conocer para elegir, cómo azucares, grasas
saturadas, sales. El consumidor no sabe qué está comiendo.
Pero peor aún, la información que si existe esta puesta para que
la entienda un técnico, en letra que hay que ser mago para poder
ver, y sin ninguna guía que permita que un consumidor tome una
decisión en serio. Esto es algo que no tendría que explicarse a esta
altura, pero no podemos ser tan inocentes de caer en la trampa que
nos plantean las empresas: la información tiene que ser suficiente
(no sobreabundante), tiene que ser comprensible por quién la recibe,
y tiene que ser clara.
Nadie puede plantear en serio, que, con un cuadro de
componentes nutricionales en porcentajes, estamos informando a
los consumidores. Porque si alguno en este congreso es tan inocente
de creer eso, le propongo que se imagine un mundo en donde la
publicidad para venderle productos, solo fueran tablas de Excel con
los componentes y funcionalidades.
Esto no se lo cree nadie, hace rato. Lo que tenemos es la intención
clara y deliberada de las empresas productoras de alimentos, de
esconder los componentes, y de vender productos adictivos, con bajo
poder nutricional y sin preocuparles lo más mínimo las consecuencias
directas y gravísimas en la población. Por si fuera poco, aumentadas
en la población infantil.
Finalmente, y desde el punto de vista constitucional, cuando
hablamos de consumo sustentable, podemos pensarlo desde distintos
ángulos, a) desde el consumo que afecta en la menor medida posible
el medio ambiente y permite pensar en una economía circular,
b) en un consumo que permite a los consumidores satisfacer sus
necesidades sin quedar atrapado en deudas que no lo dejen tener
una vida digna en sociedad, o podemos hablar de un c) consumo
sustentable en términos de la salud de los consumidores.
Este esquema de productos alimenticios (digo productos
alimenticios porque muchas veces no tienen fin nutricional alguno)
que hacen un daño a la salud a mediano plazo, y que son priorizados
a la hora de realizar publicidades y campañas de marketing, es por
definición, no sustentable. No podemos, si tenemos un compromiso
con el cumplimiento de nuestra constitución, priorizar la obtención
de ganancias (que son mucho mayores en estos productos que
en aquellos saludables y no adictivos), por sobre la salud de los
consumidores.
Esta decisión ya la tomó la constitución, y tiene que ser a favor de
los consumidores.
NO PODEMOS SEGUIR PENSANDO A LOS CONSUMIDORES
COMO EL FIN DE UN CICLO DE COLOCACIÓN DE PRODUCTOS. LOS
CONSUMIDORES DE LA ARGENTINA, NO SON EL FIN DE NADA, SON EL
PRINCIPIO DE NUESTRA SOCIEDAD, SOMOS TODOS NOSOTROS.
Y no quiero que haya espacio para seguir sosteniendo interpretaciones
engañosas de la constitución, porque si no, nos la damos todos
de republicanos, pero cumplimos la constitución cuando nos conviene,
y casualmente nos olvidamos de ella cuando afecta a nuestros
amigos o nuestros intereses. Por eso me tomo el atrevimiento de leer
un párrafo de la CSJN que creo que deja el norte claro y da una
interpretación indudable a la constitución en estos temas “(…) el hombre
no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los
cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de
los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el
mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del
hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por
el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes
fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional,
bajo pena de caer en la ilegalidad.”. Esto lo dijo la CSJN en Vizzoti,
Carlos Alberto c/ Amsa S.A., una causa sobre el derecho laboral, y lo
repitió también en la causa CEPIS del derecho del consumidor.
Pongamos el norte en donde lo pone la constitución, lo primero queridos y
queridas colegas, son las personas, y no los intereses de la industria.
Conclusión del diagnóstico
El diagnostico no deja espacio a dudas: al no regular en serio el
etiquetado de alimentos, estamos incumpliendo la constitución; al
no regular el etiquetado de alimentos estamos permitiendo daños
directos y enormes a la salud de más de la mitad de la población.
Hay que tomar decisiones, y tienen que ser claras, contundentes y
lo suficientemente fuertes y exigibles, como para revertir un horizonte
de destrucción de la salud de esta generación, y de las próximas.
Tenemos el diagnóstico ¿Qué hacemos?
Ya tenemos una necesidad que no puede esperar más, hace años
discutimos este proyecto de una u otra manera. Atraviesa esta
preocupación, a todo el arco político.
¿Qué medidas tomamos?
Parte de lo que nos deja en evidencia el diagnóstico, es que las
medidas tienen que ser fuertes, porque la situación es difícil de
revertir. El daño en muchos casos, ya está hecho hace tiempo.
Creo que este proyecto es una solución, incluso me animo a decir,
muy medida.
No estamos ante una ley que viene a prohibir consumir estos
productos. Viene a informar y incentivar (no a obligar) un consumo
sustentable y saludable.
Fíjense que lo único que se busca es informar, y generar estímulos
para el consumo, frenando incentivos y dando las alertas necesarias.
Esta ley no viene a prohibirle a nadie que consuma estos productos.
No es este un esquema paternalista.
Lo que viene a hacer, virtuosamente, como lo viene haciendo el
derecho del consumidor hace muchos años, es a equilibrar la balanza.
Es urgente que los proveedores cumplan con su deber de
informarnos qué es lo que no están vendiendo. Es la única forma
de revertir los efectos adversos que determinados consumos tienen
sobre nuestra salud, y que nos pueden costar la vida.
Un consumidor, al que no se le informa ni siquiera lo que va a
comer, no está tomando una decisión en serio.
En términos jurídicos, hay un claro vicio del consentimiento,
problema al que en el derecho del consumidor, estamos plenamente
acostumbrados, y vicio que las empresas muchas veces fomentan y
aprovechan para colocar sus productos y servicios.
El proyecto entonces, viene a subsanar esto: con más información,
con incentivos claros a consumos saludables y con frenos al marketing
de productos que pueden generar daños.
No es mas que lo que se ha hecho hace tiempo con otros consumos
que han generado daños generales a los argentinos, como el tabaco
o el alcohol.
Es absolutamente indecente, deshonesto y antiético que esté
permitido hoy en día hacer publicidad y fomentar así el consumo
de alimentos que no son sanos ni nutritivos, sobre todo porque
solamente los proveedores lo saben. Hasta hoy, los proveedores
tienen toda la información, y deciden qué porción darnos, depende
lo que les convenga para que nosotros no nos demos cuenta lo que
nos están vendiendo.
En muchas oportunidades, esta falta deliberada de información
importante para elegir, se ve agravada, por la entrega de información
directamente engañosa o dudosa, o prácticas de comercialización
que nada tienen que ver con los alimentos (entrega de juguetes,
promociones, etc.). Es absolutamente indispensable revertir esta
ecuación, y obligarlos a que nos avisen, nos adviertan, lo que ellos ya
saben: de lo que nos venden, qué es basura y qué no.
El estado tiene la obligación de intervenir para quebrar esa lógica
en donde el poderoso nos intenta direccionar el comportamiento
sin que nos demos cuenta (porque no crean que otra cosa es la
publicidad y el marketing, o que los juguetes en los alimentos son
una mera diversión o inocente liberalidad).
La inacción del estado frente al accionar de los proveedores es un
crimen, porque deja librado al mercado la protección de la salud y la
vida de los consumidores.
Circulo virtuoso
La ley tiene la potencialidad de generar un círculo virtuoso en la
producción de los alimentos. Los proveedores no van a querer tener
sellos, porque van a quedar en evidencia y los consumidores elegirán
otra cosa. Esto va a impulsar un círculo virtuoso, en donde estos
mismos productores van a hacer una mejor selección de sus materias
primas y van a tener que optimizar los procesos de producción.
Se ha intentado generar miedo, decir que se generaría una traba
en la comercialización, pero no hay nada más lejano a la realidad: la
ley no obliga a mejorar ningún proceso ni ninguna concentración de
nutrientes, y quien quiera seguir comercializando su producto tal cual
puede hacerlo, y el que quiera consumirlo aún con la advertencia,
también puede hacerlo.
A lo que le tienen miedo, es al consumidor informado y
empoderado, que ya no los elija, y al que no le puedan horadar la
cabeza con publicidad, como la gota que cala la piedra.
Es crucial destacar, sobre todo para los que alzan la voz en favor
de los pequeños emprendedores, que se prevé una protección
especial para las pequeñas y medianas empresas, que no se las deja
desamparadas, ya que el plazo de implementación será de hasta
180 días, excepto para aquellos proveedores que pertenezcan al
Tramo 1 determinado en la ley 25.300 (MiPyMes), cooperativas de
la economía popular, y los proveedores de productos del sector de la
agricultura, para los que podrá prorrogarse por 12 meses.
A largo plazo, con el efecto conjunto virtuoso del etiquetado
frontal, las restricciones a la publicidad y la educación nutricional en
todos los niveles educativos, que funcionan complementariamente,
se previene la malnutrición, y a mediano y largo plazo se generará
una reducción de enfermedades crónicas no transmisibles, como
sobrepeso, obesidad, hipertensión, etc.
La educación desde los primeros niveles va a servir para que,
desde las más tempranas edades, los niños, niñas y adolescentes de
hoy, no sólo sepan qué es perjudicial, y es necesario evitar o reducir
su consumo, sino qué es lo que sí deben consumir, ya que en nuestro
país el nivel de consumo de ultra procesados es preocupante, y una
escasa porción de la población consume las porciones de frutas
y verduras recomendadas diariamente. Como sucede con otros
temas, la inclusión de determinados tópicos en la educación formal
obligatoria, no sólo transforma las conductas de los estudiantes,
sino de los adultos a su alrededor y todo el entorno educativo. Los
chicos y chicas comparten en sus casas lo que aprenden en el colegio,
y ayudan a transformar conductas también a mediano plazo, e
involucran a sus madres, padres, hermanos, tías, y empiezan a exigir
mejores elecciones de los adultos que los acompañan.
Si apoyamos el libre mercado, tenemos que tener claro, que no
hay libertad sin información y sin decisiones razonadas. Cuando
nos esconden las cosas, no se está fomentando la libertad, se está
arreando a la población en un sentido. Esto es lo que genera miedo,
por más que se hablen de mil cosas, porque los empresarios que lucran
a costa de la salud de los consumidores, saben que un consumidor
informado y empoderado, toma otras decisiones. Y tenemos que
dar, desde el estado, las herramientas para que esa libertad se pueda
ejercer plenamente.
Acá no hay duda: entre la libertad para ocultar la información para
vender productos que generan daño, y la libertad del consumidor de
saber y elegir, la constitución nos resolvió esto hace mucho.
Cierre
No quiero terminar, sin marcar que este es un primer y enorme paso.
Pero nos falta mucho.
Tenemos que seguir dando pasos para lograr que el consumidor
tenga toda la información, y pueda elegir en serio.
Esta es la hora de hacer los cambios que necesitamos para lograr
esta sustentabilidad para preservación el ambiente, la protección de
la vida y la salud de las y los consumidores, y terminar con la usura
y las cadenas de un consumidor endeudado que no puede satisfacer
sus necesidades. No quiero ampliar demasiado, porque no es el
momento, pero a todo esto, debemos también integrarle otro factor:
el bienestar animal. Hemos presentado hace poco un proyecto que
apunta a esto mismo, garantizando la información a los consumidores
sobre los medios de producción de los huevos de gallina en la
Argentina, y para que los consumidores sepamos a la hora de elegir,
de dónde vienen esos huevos, cómo se obtuvieron, qué calidad de
vida tienen esos animales.
Casualmente, también se escucharon argumentos similares a los
que escuchamos en este proyecto.
No podemos esconder el sol con las manos: cuando un empresario
se agita por un proyecto que solo le obliga a informar (sin prohibirle
producir, y sin prohibirle al consumidor comprar), lo que queda claro
es que se estaban ocultando cosas graves. Que se estaba lucrando
con algo que el consumidor no tiene que saber.
En el caso del proyecto de etiquetado frontal de alimentos, es los
graves perjuicios que estos alimentos tienen en la salud del consumidor.
En el caso de nuestro proyecto de etiquetado de huevos, pasa
algo similar: los proveedores tienen miedo de que los consumidores
sepan cómo viven y mueren los animales. Quieren un consumidor
que no pueda elegir otros métodos de producción. ¿Dónde está el
libre mercado ahí? ¿Dónde está la competencia sana entre distintos
productores que toman elecciones más responsables?
Tenemos que avanzar y pensar en estos temas.
Un consumidor empoderado, hace un mercado más saludable y
mete miedo a las empresas, porque corta con los abusos y las avivadas.
La constitución nos manda a aprobar esta ley, nuestros hijos
nos exigen que tomemos medidas, no podemos dejar que el lobby
empresario que lucra con nuestra salud, o los intereses políticos se
pongan por encima de las necesidades de los argentinos y argentinas.